La historia de Pescarmona es similar a la de Vicentín. Las dos ligadas a la producción industrial, con un crecimiento espectacular en algunas décadas, y las dos terminan con grandes desbarajustes financieros que las deja a merced de una quiebra. Pero se distinguen de muchas otras empresas en quiebra: por el tipo de producción estratégica para el país son carnada de una extranjerización inminente. Sobre Vicentín sobrevuela la estadounidense Cargill y la Francesa Dreyfus, y sobre IMPSA son varias las empresas extranjeras que se les “hace agua en la boca” esperando comprarla. El destino de Vicentin se discutirá en el Congreso Nacional en estos días; el de IMPSA dependerá de una venta al mejor postor.
Las dos pasaron de ser pequeñas a grandes gracias a la mano del Estado bajo la dictadura militar de 1976. A Vicentín la dictadura de Onganía le regaló tierras, y la de Videla le regaló un Puerto en Santa Fe para dar el salto a gran comprador, procesador y exportador de granos por el Río Parana. A Pescarmona la favorecieron con la compra de los grandes tornos que trajo de Europa del Este (recordemos el trato aceitado entre Videla y la URSS con el fluído envío de carnes, cereales y vino de Argentina hacia Rusia), que luego la dictadura mediante un mecanismo fraudulento de seguro de cambios estatizó con Domingo Cavallo entre 1979 y 1983. El monto de esa deuda fue de 89 millones de dólares, que él utilizó para dar el gran salto y meterse en las grandes licitaciones a nivel mundial de obras hidroeléctricas; deuda que terminamos pagando todos los argentinos. Ese mecanismo de estatización de deuda favoreció a unas 70 grandes empresas, entre ellas además de Pescarmona está Vicentín, con 1,9 millones de dólares.
El otro parecido entre estas dos empresas es que el Banco Nación aparece como un acreedor, lo que habilita al Estado Argentino adquirir acciones a cambio de esa deuda.
Las dos son empresas estratégicas desde el punto de vista nacional. Por un lado la producción de millones de toneladas de alimentos por parte de Vicentín en una argentina con grandes necesidades alimentarias. Por otro, el manejo por parte del Estado de un sector del comercio exterior, además de divisas le permitirá al gobierno poner la lupa y conocer los mecanismos financieros y de triangulación que utilizan muchas empresas para fugar dólares de manera sistemática hacia los paraísos fiscales, lo que también pagamos todos los argentinos por la concecuencia devalauadora sobre nuestro peso.
El oficio adquirido por IMPSA en la fabricación de equipamiento fundamental para el desarrollo de energías limpias, con más de 30 proyectos de obras hidroeléctricas demorados por décadas para utilizar mejor las aguas de los ríos de Mendoza, para riego y energía, es fundamento para ser declarada empresa de utilidad pública bajo control estatal y de sus trabajadores, y así evitar su extranjerización. Es un paso necesario para que el Estado conozca el costo real de la obra pública pasada y futura. Si capitales alemanes o chinos compraran esta empresa los argentinos pasaríamos a pagar la obra pública que necesitamos a precio dólar y sujetos a las políticas definidas entre esas embajadas. En cambio, con una empresa bajo control estatal, con una conducción transparente, se podrían conocer los costos reales de estas obras, porque no da igual que Portezuelo del Viento lo paguemos 1050 millones como está cotizada actualmente, o 500 millones como fue contizada en un principio. Todo este conocimiento redundaría en el abaratamiento de las tarifas eléctricas que tan caro pagamos los argentinos y mendocinos.
Por eso desde el PTP en el Frente Todos proponemos elevar al Congreso Nacional un proyecto de declaración de utilidad pública de la empresa IMPSA, utilizando la deuda del Banco Nación, del BICE y del BID, además de la antigua deuda fraudulentamente estatizada por la dictadura y nunca saldada por la familia Pescarmona con el Estado Nacional. También hay que investigar si el resto de los bancos y fondos de inversión que son acreedores por 430 millones de dólares contra IMPSA tienen deudas con el Estado y así poder utilizarlas en la adquisición de la empresa.